La historia del mundo registra casos semejantes —o movidos por la misma intención— al que actualmente padece nuestra Venezuela. Numerosos son los episodios documentados de secuestro, captura o retención forzada de las autoridades supremas de un país; entiéndase que, en la antigüedad, se trataba de reyes, emperadores o jefes de Estado, e incluso de papas, cancilleres y embajadores.
En el tablero geopolítico, entre potencias enemigas, el secuestro de una autoridad tiene como objeto someter a la nación agredida. Y me refiero deliberadamente a potencias enemigas, porque ese recurso oscuro de contención de una autoridad solo lo ejecuta quien teme al otro; lo cual revela, en esencia, síntomas de debilidad o de temor ante las capacidades reales o potenciales del enemigo secuestrado.
Así, el perverso y odiado secuestro se convierte en un instrumento deliberado de dominación política, con el objetivo explícito de manipular, condicionar o gobernar indirectamente a la nación sometida. Desgraciadamente, esta ha sido una práctica recurrente del poder en distintos períodos históricos.
En términos políticos, la captura de la primera autoridad equivale a la captura del Estado, siempre y cuando —claro está— en la nación agredida se ejecuten los planes del enemigo secuestrador.
Cuando el emperador romano Publio Licinio Valeriano fue hecho prisionero en el año 260 d. C. por Sapor I, segundo rey del Imperio persa sasánida (actual Irán), Roma no solo sufrió una derrota militar, sino que quedó humillada y políticamente desestabilizada. Roma era la capital de un imperio, y su emperador, su máxima autoridad. Valeriano fue utilizado como mensaje propagandístico y como elemento de presión geopolítica. El secuestro del gobernante funcionó, en ese contexto, como una forma extrema de guerra psicológica y control político.
Pero ¿qué ocurre cuando se secuestra a un familiar de un gobernante? Ello supone un grado máximo de desesperación existencial por parte de la potencia agresora. Ni siquiera Alejandro —el Magno— se atrevió a tanto. A pesar de haber capturado a la familia real persa tras la batalla de Issos, no pudo capturar al emperador Darío III. En manos macedonias quedaron la madre de Darío (Sisigambis), su esposa Estatira y sus hijas. Alejandro las trató con respeto deliberado y expreso, precisamente porque comprendía su valor político, simbólico y afectivo para su pueblo.
Esto contrasta gravemente con la captura de la actual esposa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la diputada Cilia Flores de Maduro, quien presenta afectaciones psicológicas y corporales como producto del trato y maltrato enemigo. Alejandro, quien en vida fue príncipe, rey, emperador y también faraón, sabía que poseer a la familia del Gran Rey de Persia equivalía a erosionar su legitimidad sin necesidad de capturarlo físicamente.
Pero cuidó de ellos como si fuesen su propia familia, y nunca estuvieron sometidos a cautiverio enclaustrado, trato degradante o encierro punitivo.
Durante la Edad Media, tenemos el célebre y casi cinematográfico caso de Ricardo Corazón de León, capturado en 1192 por Leopoldo V de Austria, que ilustra con claridad cómo el secuestro de un monarca permitía extraer concesiones económicas y políticas, condicionando directamente el funcionamiento del reino afectado. Inglaterra, privada de su rey, quedó sometida a presiones externas y a tensiones internas que facilitaron la imposición de términos desfavorables para su economía y su desarrollo.
Ya en la Edad Moderna, encontramos el secuestro ejecutado por Napoleón Bonaparte al capturar al rey español —y soberano de buena parte de América en su tiempo— Fernando VII, obligándolo a abdicar en 1808. Este acto no solo privó a España de su monarca, sino que buscó reordenar el poder político español desde el exterior, imponiendo un rey títere, su hermano José Bonaparte, conocido popularmente como “Pepe Botella”.
Ese acto de barbarie política desencadenó, además, la posibilidad histórica del pronunciamiento independentista de los países americanos sometidos al yugo español. El secuestro del monarca fue, en esencia, un intento de gobierno indirecto y una violación profunda de la intimidad política de las naciones afectadas, como efectivamente se manifestó en nuestras luchas y guerras de Independencia. Sin embargo, ese objetivo no se logró solo con el secuestro: Napoleón tuvo que invadir, y sus ejércitos enfrentaron la resistencia del pueblo español hasta ser finalmente derrotados y expulsados del territorio.
En el siglo XX, aunque el derecho internacional formalizó la inmunidad de los jefes de Estado, la práctica no desapareció. La detención del presidente Manuel Noriega por fuerzas estadounidenses en 1989, durante la invasión a Panamá, evidenció que la captura de una autoridad seguía siendo un mecanismo “eficaz” para forzar un cambio de régimen. Aunque revestido de un discurso jurídico y moral, el efecto político fue el mismo: la nación quedó privada de su jefe y obligada a reorganizarse bajo tutela externa.
El secuestro de autoridades ha sido históricamente una herramienta de dominación política, utilizada para quebrar la soberanía de un Estado sin necesidad de una ocupación prolongada. Al capturar al gobernante —figura en la que se concentra la legitimidad, la autoridad, la continuidad institucional y el liderazgo afectivo de una nación—, la potencia agresora busca gobernar por sustitución, coacción o deslegitimación, imponiendo su voluntad sobre la nación afectada. No se trata de un accidente histórico cometido por un aberrado, loco o fascista gobernante yankee: el secuestro ha sido una constante del ejercicio del poder en contextos de confrontación entre Estados confrontados.
Por: Rommel Contreras / AGHES
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